Deporte Escolar En RD: Lo Que La Ley Manda Y El Estado Olvida

El deporte escolar en RD tiene su mandato escrito hace décadas. Está en la Constitución, en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en la Ley General de Deportes. Lo que no aparece —al menos no con la misma claridad— es su cumplimiento.

Gilberto Soriano Román, voz reconocida del derecho deportivo dominicano, lo plantea con precisión quirúrgica: los recientes Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 mostraron al país como gran anfitrión y como potencia de alto rendimiento. Pero ese escaparate no debe confundirse con desarrollo deportivo real. El medallero no mide lo que la ley exige medir.

Lo que dice la Constitución

El artículo 65 de la Constitución dominicana es directo: el deporte es un derecho fundamental. No un privilegio. No un espectáculo. Un derecho. Y el Estado tiene la obligación de garantizar acceso universal a través de las escuelas, convirtiéndolas en el centro de las políticas públicas deportivas.

Desde ahí, el deporte tiene tareas concretas: combatir el déficit de atención, cohesionar el sistema educativo, promover la movilidad social y sembrar valores —disciplina, respeto, sacrificio, esfuerzo— con la familia como aliada. También le corresponde construir salud preventiva: hábitos, alimentación, cultura física desde la infancia hasta la vejez.

Lo que ordena la Ley 1-12

La Estrategia Nacional de Desarrollo, en su objetivo 2.7, va en la misma dirección: actividad física y deporte para todos, desde la educación básica, como componente de formación integral. Y no de forma elitista —el texto garantiza iguales oportunidades para niños y niñas de todo el país, sin importar geografía ni condición.

Eso implica, dice Soriano Román, estructurar un sistema de competencias deportivas escolares que arranque en lo local y escale hasta lo nacional. Una pirámide real, no una cima sin base.

El problema de fondo

La Ley 356-05, en su artículo 1, lo resume todo: el deporte se consagra como práctica orientada a la formación integral —física, intelectual y moral— del niño dominicano, para contribuir al bienestar social del país.

Sin embargo, el presupuesto nacional fluye casi exclusivamente hacia el alto rendimiento. El retorno social que la ley exige —masificación, escuela, inclusión— queda en segundo plano. Por décadas, apunta el análisis, hemos confundido el deporte élite con el deporte derecho: dos cosas distintas, aunque el ídolo olímpico haga creer que son la misma.

El verdadero marcador

Los Juegos Centroamericanos 2026 fueron un logro organizativo y competitivo legítimo. Pero el verdadero marcador del desarrollo deportivo dominicano se mide en cuántos niños tienen acceso a practicar deporte en su escuela, en su barrio, en su municipio. Ahí, el pizarrón sigue mostrando una deuda.

La Asociación Dominicana del Derecho Deportivo (ADODEP) sostiene que, para que el deporte funcione como instrumento de desarrollo nacional, debe ser tratado como ciencia para el desarrollo humano. Y esa ciencia, insiste, empieza en el aula.

El deporte escolar en RD tiene ley, tiene mandato constitucional y tiene hoja de ruta. Lo que necesita es voluntad política para salir del papel y llegar al patio de recreo.